La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias aumentará en 150 millones el presupuesto que gestionará en 2024 respecto al de 2023. Las cantidades consignadas por el Estado se sumarán al presupuesto inicial y permitirán elevar hasta 832,4 millones las partidas destinadas a este departamento.

Este montante permitirá continuar desarrollando la Ley de Servicios Sociales, sufragar la Renta Canaria de Ciudadanía y mejorar la atención a las personas dependientes. Así lo explicó, en comisión parlamentaria, la consejera del área, Candelaria Delgado, quien señaló que su principal objetivo es “dar cumplimiento real a las leyes vigentes en materia social y responder a las demandas de la ciudadanía”.

El presupuesto inicial de la consejería es de 715 millones -lo que incluye algo más de 587 millones de fondos propios de la Comunidad Autónoma y 127,3 de fondos externos-. Sin embargo, a esa cantidad se sumarán al menos otros 117 millones procedentes del Estado que ya están comprometidos. Asimismo, a esta partida se podrán añadir otras que llegarán tanto del Gobierno central como de la Unión Europea.

Delgado subrayó que, dado el escenario político actual a nivel nacional, las cuentas han sido diseñadas con prudencia y de forma responsable, “puesto que están sujetas a un elevado grado de incertidumbre dada la multitud de variables que intervienen en su determinación y para las que no se dispone de información o previsiones”. No obstante, a pesar de esa falta de certezas, “el presupuesto actual supone un notable incremento de recursos para el área social y una garantía para atender a las personas más vulnerables”.

El presupuesto del año en curso fue de 681,52 millones de euros -566,02 millones de fondos propios y 115,5 millones de fondos externos provenientes de la Administración General del Estado y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea-.

En el proyecto de Ley para el año 2024 que entregó el Gobierno de Canarias al Parlamento se consignan más de 587 millones de fondos propios y 127,3 millones de fondos externos, es decir, los 715,1 millones de euros que se recogen en el documento presentado por el Ejecutivo ante la Cámara.

“Estas cantidades se incrementarán porque en los últimos días hemos confirmado que obtendremos al menos 117,3 millones más de fondos externos, a los que se podrán sumar nuevas cantidades a lo largo del año, principalmente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea”, detalló la titular del departamento. “El presupuesto para el área social nunca es suficiente, pero estas cantidades permitirán cumplir con nuestros principales objetivos, como es seguir avanzando en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y cuantificar el coste de los servicios que se incluyen en el catálogo que contempla la norma, algo que no se ha hecho hasta ahora”, indicó Delgado.

Para afrontar los retos a los que se enfrenta el departamento este se ha dividido en dos viceconsejerías que tienen a su cargo las diferentes direcciones generales. La partida destinada a la Viceconsejería de Bienestar Social asciende a 1,4 millones de euros y la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad a 2,3 millones.

Las políticas de dependencia acumulan el mayor montante de las cuentas de Bienestar Social, con 280,9 millones de euros, lo que supone un incremento en relación al ejercicio 2023 de un 7,60%.

El presupuesto en prestaciones económicas en 2023 fue de 95,05 millones y en 2024 el proyecto de ley de presupuestos prevé 102,6 millones. “Esto significa que han entrado en el sistema de la dependencia más personas que han pasado a ser perceptoras de una prestación económica y damos respuesta a sus necesidades”, señala Delgado.

No obstante, las prioridades de la Consejería es continuar desarrollando otras herramientas de la ley para atender de forma integral las necesidades de las familias y simplificar los trámites administrativos, de forma que una persona obtenga en un único acto administrativo la determinación del grado de dependencia y las prestaciones a las que tiene derecho según el Plan Individualizado de Atención. “Ya estamos trabajando en ambas vías para mejorar la atención que se presta a estas personas”, añadió Delgado.

La Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración cuenta con 163,7 millones, 5,6 millones más que este ejercicio. Destaca el aumento de la partida dirigida a la Renta Canaria de Ciudadanía, que dispone de una partida inicial superior en siete millones a la actual que, además, se verá complementada con fondos del Estado.

“Prácticamente todas las partidas mantienen las cantidades ya relacionadas en el presupuesto para el año 2023, salvo aquellas que se traspasan por competencia a Mayores y Participación Activa, que desaparecen y pasan a formar parte del presupuesto de esa nueva Dirección General que hemos creado en esta legislatura”, precisó la titular del área.

La Dirección General de Mayores y Participación Activa, también de nueva creación, cuenta de una partida de 13,8 millones de euros. Esta dotación económica será superior en 550.000 euros a la contemplada en 2023 dentro de la Dirección de Servicios Sociales e Inmigración, a la que pertenecía. Dentro de este aumento presupuestario, se incluyen también las obras de mejora de los espacios dedicados a las personas mayores de Canarias. A través de importantes obras de acondicionamiento y mejora de las instalaciones de los centros de día.

Sus objetivos principales serán la elaboración del Plan Integral de Mayores de Canarias y Soledad No Deseada y el diseño del Programa de Atención Integral para las personas mayores de Canarias.